Relaciones de poder, democracia deliberativa y medios de comunicación

Por: Vladimir Chorny[i]

El presente artículo busca exponer algunos problemas contemporáneos de la relación medios del poder con la democracia deliberativa, en el caso concreto de los medios de comunicación. En estas líneas se adelantarán tan solo algunas ideas sobre las implicaciones de la concentración del poder en los medios de comunicación, tomando como objeto limitado de estudio a los medios televisivos, considerando que este fenómeno es perjudicial para una democracia con y por los derechos. Al final se propone una solución al problema que se considera viable tanto en teoría como en práctica, considerándola como la respuesta que equilibra dicha relación: la democratización del sistema de medios de comunicación.

Para la referencia al “poder” en este ensayo se toma el concepto establecido por Manuel Castells sobre las “relaciones de poder”, por las que él entiende a los lazos fundacionales de las sociedades con los que se determina quién tiene la posibilidad de definir las reglas y normas sobre las que la sociedad se organiza. En estas relaciones no se piensa en “un poder”, sino en “distintos poderes y contrapoderes” en los que existe dominación y resistencia a la dominación y en las que la comunicación y la información han sido fuentes fundamentales de poder y contrapoder, así como de dominación y de cambio social. Se parte entonces de una concepción de poder cimentada en la capacidad de modelar las mentes por medio de la persuasión y la negociación colectiva, utilizando ideas que puedan interiorizarse por la sociedad y afectar la manera en que funciona (Castells, 2012b). Así puede decirse que:

“Si la batalla del poder es una batalla que se juega en nuestras mentes, resulta que nuestras mentes viven inmersas en un entorno de comunicación de donde reciben las señales con las que se activan las emociones, se generan los sentimientos y se forman las decisiones. Por consiguiente, existe una relación básica entre comunicación y poder.

Esto no es nuevo, siempre ha sido así, pero se ha acentuado profundamente en lo que llamo la sociedad red, una sociedad en la que las redes de comunicación interactiva de base electrónica y transmisión digital organizan el conjunto de las prácticas sociales del planeta en términos de la interacción de lo global y lo local.

Empiezo por la conclusión: la comunicación es el espacio en el que se construyen las relaciones de poder. Lo cual no quiere decir que los medios de comunicación tengan el poder. Esto empíricamente es falso: no tienen el poder. Son mucho más importantes que eso, porque son el espacio donde se construye el poder. Cualquier tipo de poder tiene que pasar por el espacio de la comunicación para llegar a nuestras mentes.” (Castells, 2012b).

Esta idea de las relaciones de poder como una que va más allá de la idea Weberiana de los hombres que dominan a hombres apoyados en el uso de la violencia legítima, contempla de manera necesaria el nivel del discurso como mecanismo de formación del poder en donde se requiere de condiciones que parten del proceso de la acción comunicativa. Esto resulta en el fenómeno de “racionalización cognitiva”, que permite contar con bases para que los actores sociales lleven a cabo sus acciones. Es decir, da condiciones para el ejercicio legítimo del poder, que no se limitan meramente a la capacidad de ejercer la violencia sin más (Castells, 2012a: 34-36). Así, se concibe como:

“… la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder.” (Castells, 2012a: 33).

Estas relaciones de poder en la sociedad son dialécticas; las instituciones, organizaciones y sujetos que intervienen en ellas se empoderan de manera interrelacionada, lo que significa que su empoderamiento se hace “contra o frente” a los otros actores sociales que participan en la construcción del poder. Se aleja entonces de una idea de sociedad reconciliada utópicamente de manera normativa (Castells, 2012a: 37). Esto requiere que en los equilibrios de fuerzas, cuando un sujeto cambia su status en el campo de las relaciones de poder, el status de los otros actores cambia también. La pérdida de poder implica el empoderamiento de otro u otros y viceversa.

La concepción aquí adoptada de poder es considerada más adecuada para el análisis relacionado con una democracia deliberativa; una democracia con y por los derechos, que tenga en su centro la deliberación como proceso que garantiza derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información, pero también principios democráticos mínimos de una democracia, como los de la libertad de opinión y expresión, así como de pluralidad de opciones para elegir (Bobbio, 2007: 26; Bovero, 2007: 32-35).

Una democracia así, que lleva en el centro la idea de la deliberación, conlleva una diversidad de posiciones razonadas y razonables que surgen como una característica de la pluralidad ideológica dentro de la misma (Waldron, 2004: 250). En esta construcción, es fundamental la intención de transformar las expresiones de las preferencias individuales a través de la discusión pública, para llegar a un estado en el que las decisiones se tomen de manera más imparcial o, al menos, más completa e informada. El proceso deliberativo, permite el análisis del razonamiento y los argumentos de los distintos sujetos que participan en el debate público, permitiendo más visiones para revisar temas que pudieran pasarse de largo o que se hubieran subestimado, así como para tomar información con la que no contaban, enriqueciendo las perspectivas de los involucrados (Waldron, 2004: 250-252).

Esta versión de la democracia puede evaluarse con un análisis contextual del rol de los medios de comunicación en determinada sociedad, en tanto que este concepto pone énfasis en la deliberación racional de los distintos individuos, en la inclusión de mayores fuentes de información y en el procesamiento de las preferencias. Se considera que este sistema democrático es virtuoso para los derechos involucrados en él y para alcanzar un grado de conocimiento adecuado para obtener mejores resultados (sea que se consideren más imparciales, moralmente sólidos, informados, robustecidos, etc.). La deliberación colectiva y el diálogo toman un lugar primordial en esta concepción, donde el debate público es deseable y es promovido activamente para acercarse a procesos de deliberación más libres e igualitarios al eliminar las barreras existentes para los mismos (Stotzky, 2004: 191-194).

En esta relación entre poder y democracia, un principio juega un rol fundamental en el diseño institucional de la sociedad y las instituciones: el principio de legitimidad, construido sobre condiciones de igual libertad y autonomía. Esto significa, por una parte, que las visiones de cada miembro deben tener peso igual en la deliberación pública y, por la otra, que tendrán las capacidades de autogobierno, tales como la comprensión, el razonamiento y la valoración. Ambos componentes deberán ser no sólo permitidos sino promovidos por el orden político, teniendo presente que el principio de legitimidad no debe ser desplazado por la intrusión del poder privado, evitando que un grupo pequeño de élites sencillamente reasigne o redistribuya los recursos de la sociedad (Stotzky, 2004: 194-195).

Habiendo entendido la concepción de relaciones de poder, donde ciertos sujetos cuentan con determinado poder que oponen frente a otros que lo resisten o actúan como contrapoderes; y teniendo clara la mecánica de la democracia deliberativa, donde se busca la discusión pública más amplia sobre bases de libertad y autonomía de los sujetos que la integran en un diseño institucional que permita la pluralidad de información y de participantes en el orden político, la relación con los medios de comunicación se vuelve relevante. La posición de poder de estos últimos y su relevancia dentro del diseño institucional, serán determinantes para valorar su peso de dominación y el impacto en pro o en contra de la democracia en cuestión.

Para poder hacer esta valoración en el caso de México es muy útil tomar dos diagnósticos mayormente compartidos: el primero, general, parte del contexto internacional y el estudio más relevante del estado de la comunicación en el mundo, realizado alrededor de la década de los 80’s. El segundo, parte del contexto particular del caso mexicano, concentrándose principalmente en el estado actual de los medios televisivos de comunicación.

Hace más de 30 años, en el marco de un estudio internacional de la comunicación y la información, la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación presentó un informe en el que se contemplaban los beneficios de la comunicación, destacando los siguientes: la posibilidad de que el ser humano estuviera más alerta de los problemas y aspiraciones de otros pueblos y del mundo en general; la promoción de la educación y la cultura; y el enriquecimiento  individual aparejado a una mayor participación de los pueblos.

Estas posibilidades, se subrayaba, se darían siempre que se cumpliera una condición: era necesario resistir la tentación de poner los medios de comunicación al servicio de intereses sectarios que buscaran acumular poder y agravar las desigualdades ya existentes en las sociedades; luchar contra la concentración de los medios, porque ésta era capaz de reducir la comunicación interpersonal y destruir la pluralidad de canales con los que los individuos podrían ejercer su derecho a la libertad de expresión (MacBride, 1993).

Podían identificarse en ese entonces, dos problemas principales y una posible solución. El primer problema, era que la comunicación fuera dominada por unos cuantos que obtuvieran un poder político que pusiera en riesgo los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. El segundo problema, era que se crearan mayores desigualdades entre estos grupos y el resto de la sociedad sujeta a la concentración de los medios. La posible solución era que se encontraran los canales que permitieran compartir este poder al dar a un amplio número de gente un acceso y una participación en la comunicación.

La tendencia era clara y también sus resultados. El control de los medios se traducía en un menor número de sujetos transmisores de la información (menos personas con control de éstos) y un aumento de poder para aquellos que los controlaban. La organización de la comunicación en cada sociedad, entonces, reflejaba en mayor o menor medida sus valores democráticos. En una sociedad una alta concentración de los medios, tendría un desarrollo inversamente proporcional de sus derechos de libertad de expresión y de acceso a la información (MacBride, 1993: 42-48).

Al mismo tiempo se mostraba que el fenómeno de concentración de medios afectaba la diversidad de sujetos relatores de sus contextos y realidades, limitando la pluralidad y permitiendo la dominación cultural y la preeminencia de una versión de la realidad sobre las otras. La decisión entre optar por un sistema con mayor diversidad y apertura que fuera más democrático o avanzar hacia uno más jerarquizado y controlado, tendría muy probablemente un impacto en la disminución o el aumento de las desigualdades, según se escogiera el primero o el segundo (MacBride, 1993: 49-58).

Se hacía una advertencia: la comunicación en general, y el uso y manejo de los medios de comunicación en particular, representaban un poder enorme en cualquier sociedad. Aquellas que distribuyeran ese poder tendrían resultados distintos a las que lo concentraran y repartieran de manera discrecional sólo a unos cuantos beneficiarios de los favores del Estado. La primera forma respondía a una lógica democrática de pluralidad y diversidad de las fuentes de información, donde el poder se repartía entre éstas; la segunda, a una distribución oligárquica del poder, en donde sólo algunos cuantos concentraban el poder, generalmente en colusión con los intereses del Estado.

Desafortunadamente, la decisión que se tomó en el caso de México atendió más a la segunda forma de estructurar un sistema de medios de comunicación que a la primera. Nuestro caso es un buen ejemplo de aquello que toda democracia debía evitar. En este sistema, la información corre de manera vertical en un sólo sentido, a partir de dos centros (o fuentes) principales de información que concentran alrededor del 80% del espectro radioeléctrico y una audiencia televisiva mayor al 90%. La comunicación arriba-abajo que se tiene en la televisión elimina la participación de otros sujetos en la comunicación.

El diseño institucional y las decisiones del orden político han puesto en manos de Televisa y TvAzteca un poder desproporcionado y casi total. El paso de los gobiernos Priístas en un inicio y los gobiernos Panistas en los últimos 12 años (ambos respaldados en mayor o menor medida por el resto de los partidos), les dieron prácticamente todos los privilegios que el Estado podía conferir, empoderándolos a tal grado que su influencia en la vida política los volvió fundamentales para obtener ventajas en la arena electoral y la opinión pública. Prueba de esto es la relevancia que las televisoras tuvieron en la elección presidencial del 2006 y la reforma constitucional y legal en materia electoral del 2007-2008 resultado de ésta, que fue un intento insuficiente de controlarles y limitar su poder.

La concentración en México da a quienes controlan los medios de comunicación un poder fáctico determinante (reconocido ahora incluso expresamente por las principales fuerzas políticas en el reciente Pacto Por México) que incide en muchos ámbitos de la sociedad, desde el político hasta el cultural, pasando por el educativo, el social y el económico. Son hoy, probablemente, el poder fáctico más influyente y relevante de todos los que conviven en la vida política del Estado, situándose incluso por encima de la religión y el ejército (por el control que sobre ellos sigue ejerciendo el Estado, manteniéndolos regulados y bajo sus determinaciones).

El análisis de su poder debe hacerse en este contexto. Las condiciones de concentración de los medios en México han sido ampliamente exploradas, alcanzando conclusiones similares. Existe un sistema de medios de comunicación monopolizado (duopolizado, si se quiere, por dos cabezas que al final conforman una sola por la relación derivada de la fusión Iusacell-Televisa), resultado de las políticas de distribución, asignación y concesión de frecuencias (llegando al extremo de otorgarse gratuitamente en algunos casos) en décadas de gobiernos coludidos con tales empresas. Pero además, hoy cuentan con la independencia del gobierno, resultado de la “transición democrática” y la alternancia de gobierno de hace algunos años (López Noriega, 2009: 307-308).

Esta independencia y libertad del régimen, les permitió separarse de la línea dictada desde la presidencia, sin ser limitados bajo parámetros de pluralidad o competencia. En sí, se separaron y alejaron de un contrapoder para fortalecerse y maximizarse en los años siguientes. Las posibilidades de incidir en la formación de opinión pública y de acumular mayor control, así como de lograr un mayor alcance hacia las esferas competenciales de otros poderes, como el legislativo, se volvieron parte de sus prerrogativas de facto (basta ver el intento de empoderamiento bajo la Ley Televisa y la influencia que han logrado para constituir una fuerte Telebancada que puede verse perfectamente hoy en día en el Congreso).

No es nuevo el hecho de que la televisión tiene la capacidad de crear opinión pública y que esto le da poder, tampoco lo es saber que tiene la capacidad de determinar qué es aquello que sale de la opinión pública y de la información que circula a través de ella. Es claro que el poder derivado de esto ha hecho que los medios sean la arena en la que se decide la política, donde los actores políticos se ven incluso sometidos a ellos para obtener beneficios de promoción o de exclusión de sus competidores, transformando la política tradicional en política mediática (Sartori, 1998: 35-47; Castells, 2012b).

Con estos elementos, es posible afirmar que Televisa y TvAzteca concentran una cantidad de poder les permite tener un control político, económico y social, más amplio incluso del que pueden tener juntos muchos de los otros poderes fácticos (iglesia, sociedad civil organizada, sindicatos, etc.). Este poder lo ostentan “frente a” un número enorme de sujetos en la sociedad, oponiéndose al mismo Estado, pero extendiéndose a empresarios, colectivos, organizaciones y movimientos sociales, autoridades de diversa índole, comunidades y ciudadanos en general que ejercen los derechos relacionados con los medios de comunicación, como la libertad de expresión y el acceso a la información.

La asimetría de la relación de poder de los medios de comunicación en este caso frente a los demás actores que participan en las relaciones de poder, afecta directamente la posibilidad de encontrar condiciones de igual libertad y de autonomía en los distintos sujetos que reciben la información, por la deliberación no se realiza bajo un piso mínimo que permita la participación de un número más amplio de visiones y de fuentes que circulen la información, permitiendo una sociedad más informada y libre.

Pero además, en términos más concretos, esta concentración, al excluir a sujetos como los medios públicos y los social-comunitarios (donde se pueden encontrar desde comunidades indígenas, medios comunitarios, institutos especializados, sociedad civil organizada, universidades, organizaciones no gubernamentales y de protección de derechos humanos, etc.), violan de manera directa los derechos de libertad de expresión y acceso a la información que son fundamentales para cualquier concepción de democracia moderna.

La falta de pluralidad y monopolización de los medios tiene así al menos dos efectos incompatibles con la idea de democracia deliberativa: la exclusión de distintas visiones que fortalezcan la discusión pública bajo mínimos de igualdad y la imposibilidad de generar flujos de información como resultado de la concentración de poder. Esto impide la exposición de las distintas posturas involucradas en la toma de decisiones, así como la creación de los canales para llevar a cabo la discusión de manera equilibrada.

México queda fuera de la lógica de una democracia deliberativa. Pero además y en realidad, sale también de los parámetros mínimos de cualquier idea de democracia con derechos. Cualquier democracia constitucional, que lleve en el centro los derechos, es incompatible con un sistema en que dos de los derechos que la sostienen son violados de manera permanente. La discusión podría llegar incluso al parámetro de una democracia meramente procedimental; donde su realización se pondría en discusión al no cumplirse los pre-requisitos o mínimos de libertad opinión y pluralidad de opciones de información.

El problema se agrava en sociedades tan plurales como la nuestra, de carácter pluriétnico y multicultural, donde las visiones del mundo de distintas comunidades y pueblos indígenas son suprimidas. En estos casos, las realidades de sujetos carentes de poder, excluidos prácticamente de este tipo de relaciones, no son conocidas y, con su desconocimiento, se pierden la experiencia, saberes, inconformidad e injusticias que les son propios. Aquí es donde los medios de comunicación eliminan estas “versiones de la historia” y les privan tanto de la posibilidad de participar en un diálogo donde puedan buscar decisiones que los incluyan en la vida social, como de la información y el conocimiento de otorgar conocimiento al resto de los participantes de la deliberación pública (además de la eliminación de los derechos mínimos de cualquier comunidad e individuo) (Boaventura, 2006: 17-19).

Es entonces necesaria una propuesta que intente resolver los problemas de las tres dimensiones que integran la relación “poder-democracia-medios de comunicación”:

En cuanto a las relaciones de poder, es necesaria la actuación conjunta de los distintos contrapoderes que interactúan en este caso para modificar las relaciones de poder. En primera instancia, el Estado debe utilizar su poder de modificar las estructuras que permiten el empoderamiento desmedido y dañino de los ostentadores de los medios televisivos. Pero además, otros actores como la sociedad civil organizada, la academia y los movimientos sociales deben hacer uso de sus relaciones de poder para resistir la dominación actual y abonar al cambio. En el cambio, el poder deberá redistribuirse a estos sujetos y otros actualmente excluidos, como se explica más adelante.

La dimensión de la democracia se beneficiaría de manera sustancial con la alteración de las relaciones de poder si el proceso que se elige incluye la descentralización de la información y la inclusión de otras visiones y sujetos portadores de información y realidades extraídas del debate público. La deliberación se acercaría a los mínimos necesarios, sostenidos en la igual libertad y la autonomía de los sujetos participantes.

También los derechos se fortalecerían y respetarían, permitiendo una real democracia con derechos en deliberación, deseable tanto para quienes consideran la discusión y el contraste de ideas como algo benéfico en sí mismo, como para quienes valoran la importancia del cumplimiento de los derechos fundamentales.

Por último, el avance a un orden político que garantice los mínimos democráticos y que redistribuya el poder que hoy tienen los medios de comunicación a otros actores, pasa por un proceso particular que modifica las relaciones de poder de una forma específica.

La democratización del sistema de medios (o de la comunicación) es, de acuerdo a esta propuesta, la única manera de cambiar las relaciones de poder a favor de un sistema democrático.

Este proceso de cambio implicará dar poder a otros sujetos al incluirlos en el sistema mencionado; permitiendo la incorporación de los medios social-comunitarios, dando mayores facultades de control a los organismos reguladores correspondientes, estableciendo reglas antimonopólicas y de competencia entre competidores, estableciendo estructuras y mecanismos de protección y garantía de los derechos relacionados con la comunicación y quitando poder a las dos televisoras que ahora tienen prácticamente todo.

Esto es posible por razones tecnológicas y prácticas. La convergencia digital posibilita tomar medidas que limiten el poder del duopolio al reasignar el espectro radioeléctrico a otros sujetos con la recuperación del mismo a través del apagón analógico y el salto a la tecnología digital. Las condiciones sociales cuentan con amplios sectores de especialistas y ciudadanos organizados demandando el cambio mencionado para integrar todos los mínimos necesarios para la democratización de la comunicación. El contexto político es óptimo para cumplir con las exigencias que la sociedad demanda a los legisladores y otras autoridades para que lleven a cabo todas las acciones necesarias.

Sin duda, este momento es el correcto para lograr una relación de poder más cercana a la lógica de la democracia, a través de un sistema de medios con las características mencionadas. Dejar ir el momento puede significar perder una oportunidad única y re-empoderar a aquellos que prácticamente tienen todo.

 

Bibliografía:

Bobbio, Norberto. 2007. El Futuro de la Democracia. México, 4ª reimpresión. Fondo de Cultura Económica.

Bovero, Michelangelo. 2006. “Nuevas Reflexiones sobre Democracia y Constitución”, en Salazar Ugarte, Pedro. La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México. FCE-IIJ-UNAM, pp. 13-43.

Castells, Manuel. 2012a. Comunicación y Poder. México. Siglo XXI.

—–. 2012b. El poder en la era de las redes sociales. Revista Nexos, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102910.

López Noriega, Saúl. 2009. Democracia, poder y medios de comunicación. México. Fontamara-Konrad Adenauer Stiftung.

MacBride, Sean y otros. 1993. Un Solo Mundo, Voces Múltiples: Comunicación e Información en Nuestro Tiempo. México. Fondo de Cultura Económica.

Sartori, Giovani. 1998. Homo videns. La sociedad teledirigida. Buenos Aires. Taurus.

Sousa Santos, Boaventura. 2006.”La Sociedad de las Ausencias y la Sociedad de las Emercencias: para una Ecología de Saberes”, en Red De Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe, de la Red de Miembros de CLACSO. Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social. Buenos Aires.

Disponible en: http://www.clacso.org.ar/biblioteca.

Stotzky, Irwin. 2004. “Crear las condiciones para la democracia”, en Hongju Koh, Harold y C. Slye, Ronald (compiladores). Democracia deliberativa y derechos humanos. Barcelona. Editorial Gedisa, pp. 189-225.

Waldron, Jeremy. 2004. “Deliberación, desacuerdo y votación”, en Hongju Koh, Harold y C. Slye, Ronald (compiladores). Democracia deliberativa y derechos humanos. Barcelona. Editorial Gedisa, pp. 249-267.

 

[i] Licenciado en Derecho (UNAM). Defensor de derechos humanos y activista por la democratización del sistema de medios de comunicación. Actualmente es Relator para la Libertad de Expresión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

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