Foto por Roberto Sampayo.

Responsabilidades del Estado mexicano frente a la migración en tránsito

Natalia Sánchez, Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes

 

La migración es un fenómeno que ha resultado del proceso de globalización, implica la relación entre la generación de la riqueza y la exclusión. Esto gracias a la interconexión económica, social y cultural, las diferencias en el desempeño económico se traducen en la migración laboral. México, por su parte, es un país que cumple con las 4 características de la migración: es un país de origen, tránsito, destino y retorno, por lo que todo el territorio se encuentra inmerso en la dinámica del fenómeno. Sin embargo, esto no ha significado que se cuente con una ley sólida e incluyente en el tema, pese a la promulgación de la nueva Ley de Migración ─entrada en vigor con su reglamento el 9 de noviembre del 2012─, ni que el debate en cuanto al respeto a los Derechos Humanos de la población migrante sea un tema primordial en el acontecer político, social y cultural de este país ─a pesar de los múltiples tratados internacionales firmados y ratificados por México en la materia─.

 

Ahora bien, el flujo de transmigrantes que pasa por México y que tienen como destino Estados Unidos y en algunas ocasiones Canadá,  se ha incrementado con los años. Esto a pesar de los intentos que han implementado las autoridades migratorias en estos países, como la militarización y endurecimiento de las fronteras.  Las personas transmigrantes  ingresan al territorio en su mayoría por los 1,140 km de  la frontera sur y lo hacen, en su mayoría, de manera indocumentada. Si bien el fenómeno migratorio se ha entendido desde la perspectiva de los Derechos Humanos por parte de las Organizaciones Civiles y algunos Organismos Internacionales, los Estados lo han visto como un tema de seguridad nacional y es ese el porqué de la promulgación de leyes respondiendo a esta visión en los últimos años.

La nueva Ley de Migración trajo consigo la orientación hacia medidas cada vez más restrictivas y la adopción de otras para el aseguramiento, detención, devolución y deportación de extranjeros no documentados. Por lo cual se puede establecer que los marcos jurídicos han quedado totalmente rebasados por las dinámicas migratorias que se dan a diario en el territorio nacional. Este estado de vulnerabilidad en la que se lleva a cabo la migración, ha generado un escenario de riesgos y desventajas para la población migrante, dando paso a la corrupción, la violación de derechos humanos y el desarrollo de ilícitos como el tráfico y la trata de personas.

 

Las personas migrantes han sido  identificadas como una población vulnerable por parte de las agencias internacionales como la ONU, OIT y la OEA.  Esta vulnerabilidad se refiere a sus derechos como trabajadores y más concretamente a sus derechos como seres humanos. En el año 2003, se estableció que 1 de cada 35 personas era migrante en el mundo, por lo que se puede ver el avance del fenómeno migratorio. Lo que diferencia a los migrantes no regulares de los inmigrantes con calidad migratoria legal es su presencia fuera de la ley, la criminalización del empleo y que se les niegan los derechos sociales.

México es participe de diversos tratados internacionales, los cuales ha firmado y ratificado, adquiriendo con ello compromisos internacionales en materia de migración, que lo obligan al acatamiento de lo establecido en ellos, así como a adecuar su marco jurídico para que sea compatible con lo que ahí se acordó.

En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, que México ratificó el 8 de marzo de 1989 y que entró en vigor en 1993, cuyos artículos principales son el 10, 11, 25 y 54 toda vez que previenen condiciones inhumanas de vida y de trabajo, abuso físico y sexual y el trato degradante. Por su parte, el artículo 16 que confiere el derecho de los trabajadores migrantes y sus  familiares “la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones”

 

Otros instrumentos de los cuales México forma parte, son: Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Convención relativa al Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo (1967), Convención sobre el Estatus de Apátrida (1954), Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (1984), Convención relativa a la Cooperación Internacional sobre la Asistencia Administrativa a los Refugiados (1985) y Convención sobre los derechos del Niño (1989), entre muchos otros.

 

Los puntos medulares en los que se basan estos tratados internacionales y que por lo tanto comprometen a los Estados firmantes son: no discriminación, libertad de movimiento, asilo, no devolución, unidad familiar, garantías procesales en áreas como detención y expulsión, el deber de los Estados para aceptar a sus ciudadanos que son retornados, acceso consular, prevención y eliminación de la trata y tráfico de migrantes, migración laboral y migración irregular.

 

Uno de los graves problemas es que la mayoría de los instrumentos jurídicos son declarativos y muy pocos son de carácter vinculatorio, como es el caso de la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias” mencionada en este artículo y de la que México forma parte como Estado firmante. Pero, al momento de ratificar estos tratados, México emitió reservas como es el caso de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer (CEDAW), en donde el gobierno aclaró que la aplicación de este instrumento estaría sujeta a la legislación nacional y a los recursos de la Federación, lo cual termina condicionando o dejando entrever la no aplicación del instrumento pese a su firma y ratificación.

 

No obstante, es necesario tener presente lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ya que en su parte lll, sección primera, señala que:

“26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”

 

Pese a las reservas que un Estado presente ante un tratado, se entiende que el mismo debe ser llevado a su cumplimiento de manera íntegra de acuerdo a la buena fe con la que se firman estos instrumentos, y dado que al firmarlos se adquieren compromisos y responsabilidades de acuerdo al tema tratado.

 

Se puede concluir que, pese a que México se proyecta como un país promotor del respeto a los Derechos Humanos en los Foros Internacionales en los que participa y los tratados de los cuales forma parte, el marco jurídico que ha construido a su interior respecto al fenómeno migratorio no concuerda o no ha resultado suficiente para respaldar esta postura, ya que la migración y la defensa de los Derechos Humanos no forman parte primordial de la agenda política, al menos eso se observa en la práctica. En el acontecer diario, el fenómeno migratorio continúa teniendo muchos problemas en diferentes aristas como lo es la violación a los Derechos Humanos, las nulas condiciones para el libre tránsito, inadecuadas condiciones laborales y la poca protección con la que cuentan los migrantes.

 

El propósito de la comprensión del fenómeno migratorio y sus causas, es el poder quitar la palabra ilegal del vocabulario de las personas de pie así como de las personas que se ven inmiscuidas dentro del fenómeno migratorio, porque ninguna persona puede ser ilegal en el mundo y el derecho al libre tránsito debe quedar  establecido.

 

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