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“El ABC del Recurso de Revisión en materia agraria”.

 

 

Por: M.A.P. María del Mar Salafranca Pérez. Egresada y Profesora de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Maestra en Administración Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

 

No obstante que más de la mitad de la superficie de nuestro país son tierras ejidales o comunales, no es usual que los profesionales del derecho se especialicen en la materia. El derecho agrario, celoso de sus propios procedimientos y principios, se torna único, lo que ocasiona que la mayoría de las veces, aquellos abogados que tienen un primer acercamiento con la justicia en relación con el agro, se encuentren ante un camino desconocido y tortuoso.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta un litigante en materia agraria, es la forma de combatir un fallo emitido por un Tribunal Unitario Agrario, ya que existe la disyuntiva de optar por el juicio de amparo directo o el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario. No pocas son las veces que tal confusión incluso, ocasiona que se intenten ambas vías, dilatando así el procedimiento. En ese orden de ideas, el presente texto tiene por objeto aclarar dudas ante semejante reto.

Comencemos por precisar que el recurso de revisión en materia agraria es un medio de impugnación que está regulado por los artículos 198 al 200, de la Ley Agraria, los cuales disponen los requisitos necesarios para su procedencia, siendo, a saber los siguientes:

Como primer punto, es oportuno destacar que resulta necesario que el recurso de revisión se interponga en contra de una sentencia definitiva, entendiendo por ello, el fallo que pone fin al procedimiento, es decir, no son combatibles por esta vía, los acuerdos o sentencias interlocutorias.

Las partes inconformes con una sentencia emitida por un Tribunal Unitario Agrario, interpondrán el recurso de revisión, presentando ante el propio órgano jurisdiccional que dictó el acto impugnado, un escrito en el que expresen los agravios que a su consideración les cause el acto que combaten.

Es importante señalar que no obstante a que es el órgano jurisdiccional de primer grado ante quien se interpone el medio de impugnación, dicha autoridad no se encuentra facultada para resolver respecto de la procedencia del mismo, y por ello no puede en ningún momento pronunciarse respecto de su desechamiento.

Por otra parte, debe advertirse que  la revisión tiene por objeto verificar que el acto combatido haya sido dictado con apego a derecho y los principios fundamentales que rigen la materia, haciendo la aclaración en atención a que es recurrente ver que los litigantes presentan ocursos a semejanza de una demanda de amparo, haciendo valer conceptos de violación a garantías individuales.

Un segundo requisito indispensable para que prospere el recurso de revisión es la personalidad. En atención a ello, solo las partes que hayan tenido legitimación dentro del juicio agrario natural podrán ser recurrentes, es decir aquellos que tengan legitimación “ad procesum”. Por regla general el revisionista será aquel contendiente que no obtuvo sentencia favorable en primer grado, ya que es a quien el acto le depara un perjuicio real en su esfera jurídica y su contraparte será considerada como tercero perjudicado.

Al respecto, resulta oportuno destacar que existen diversos criterios en lo que hace a la procedencia del medio de impugnación cuando es interpuesto por una autoridad, como pueden ser los gobiernos de los Estados, o la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria).

En relación con lo anterior, algunos Magistrados Numerarios del H. Pleno de la Sala Superior, estiman que no debe proceder el recurso de revisión, más que cuando el resultado del fallo combatido le genere un perjuicio patrimonial a la dependencia revisionista. Por ejemplo, cuando se le condena a un pago indemnizatorio, pero debe ser improcedente si el fallo impugnado condena a la autoridad recurrente, únicamente a la emisión de un nuevo acuerdo o la regularización de algún procedimiento, ya que se estima que dichos efectos no le deparan un perjuicio real en su la esfera jurídica.

A mayor abundamiento, cabe precisar que otras posturas sostienen que siempre que la dependencia que se inconforma, haya comparecido al juicio agrario natural y haya sido parte del mismo, puede ser recurrente, ello a fin de garantizar el equilibrio procesal de los contendientes. Este es el criterio que ha prevalecido, aunque existen casos de votos particulares por algunos integrantes del H. Pleno de la Sala Superior.

El tercer requisito de procedibilidad del recurso de revisión, se refiere a la temporalidad. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley Agraria, el escrito de agravios debe presentarse en el transcurso de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de la sentencia. Debiendo descontar por tanto los fines de semana, días en los que no hay labores en los Tribunales Agrarios, así como los días declarados inhábiles por el Tribunal Superior, de acuerdo con el calendario de actividades, y el día siguiente al que fue practicada la notificación del fallo combatido, por ser en el cual surte efectos la misma.

El problema al que nos hemos enfrentado a últimas fechas en relación con este punto, es cuando el recurrente equivoca la vía, acudiendo  en principio al juicio de amparo directo, en los casos en que el recurso de revisión es procedente en atención a la materia, lo que trae como consecuencia que el juicio de garantías sea sobreseído por no haberse agotado el principio de definitividad.

La confusión surge cuando en la ejecutoria de amparo se incluyen en sus consideraciones, que lo procedente en el caso es el recurso de revisión, hecho que algunos justiciables consideran como vinculatorio para el Tribunal Superior Agrario y acuden a la revisión una vez que ha fenecido el término.

Al respecto es importante destacar que, tal razonamiento emitido por parte del Poder Judicial, no implica la actualización del derecho para el revisionista. Cabe precisar que tal consideración no atenta contra el  principio de convencionalidad, basado en la reforma constitucional a los artículos 1 y 17, ya que en la especie se encuentra garantizado por la ley de la materia, el acceso a la justicia y garantía de impugnación de los gobernados, al regularse debidamente su procedimiento, no debiendo mal interpretar la suplencia de la deficiencia de la queja, ya que tal figura –aplicable solamente en beneficio de ejidatarios y comuneros- no puede llegar a convertir oportuno, lo inoportuno.

El último de los requisitos del medio de impugnación que nos ocupa, se refiere a la procedencia material del recurso de revisión, siendo éste donde se generan las mayores confusiones, en cuanto a su presentación.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley Agraria, solamente son recurribles ante el Tribunal Superior Agrario, las sentencias cuya litis natural haya versado respecto de tres casos específicos:

  1. Un conflicto por límites,
  2. Una restitución de tierras,
  3. La nulidad de una resolución emitida por una autoridad en materia agraria.

El primer paso para considerar si un recurso de revisión es procedente o no en lo que hace a la materia, es verificar el fundamento conforme al cual resolvió el juicio de primera instancia el Tribunal Unitario, es decir, siempre que el A quo haya admitido, substanciado y resuelto un asunto sometido a su jurisdicción conforme a las fracciones I, II y IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, un recurso de revisión será procedente. Al respecto existe jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal que es clara y precisa, la cual es fácilmente consultable.

Otro elemento indispensable para tomar en consideración en relación con la procedencia o no de un recurso de revisión, es saber si en el caso en particular, se están afectando los intereses colectivos del núcleo, ya que éste es el único supuesto en el que se estima procedente el medio de impugnación. Es decir en aquellos casos en que se encuentra controvertido el régimen de propiedad ya sea ejidal o comunal. Si en la especie, solo se encuentran involucrados intereses individuales, ya sea de ejidatarios o comuneros, lo procedente será interponer el juicio de amparo directo.

En lo que se refiere al primer supuesto establecido por el numeral 198 del ordenamiento invocado, cabe destacar que los conflictos por límites sometidos a consideración del Tribunal de Primer Grado, a fin de ser revisables por la Sala Superior, deben de haberse suscitado entre uno o varios núcleos de población ejidal o comunal, o entre ellos y pequeños propietarios.

En lo relativo al segundo de los supuestos, la restitución de tierras planeada en primer grado, debe ser intentada por un núcleo de población ya sea ejidal o comunal, en términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Agraria, cuando estos hayan sido privados ilegalmente de su superficie, ya sea que se enderece en contra de otro núcleo de población, pequeños propietarios o autoridades no jurisdiccionales.

En ese orden de ideas, no resulta procedente el medio de impugnación cuando la litis natural versó respecto de una controversia agraria entre dos ejidatarios o comuneros por el mejor derecho a poseer una parcela, toda vez que dicha contienda, involucra únicamente derechos individuales y si bien tiene por objeto la reivindicación de una superficie, no puede considerarse una restitución de tierras propiamente dicha, toda vez que tal acción le corresponde ejercerla únicamente al titular del derecho, que en todo caso será la asamblea general del poblado y no el sujeto agrario en lo particular.

Por otra parte, en caso de que el demandado en el juicio agrario natural, haya opuesto reconvención reclamando la prescripción de la superficie en su favor, o no controvierta el régimen de propiedad ejidal o comunal, tampoco será procedente el medio de impugnación, ya que en la especie no se intenta sustraer del núcleo la superficie y por el contrario, existe un ánimo de pertenecer al poblado por parte del demandado en lo principal, actor en la reconvención.

En lo tocante a la tercera de las hipótesis contempladas por el referido dispositivo 198 de la ley de la materia, es importante aclarar que será procedente el medio de impugnación cuando la sentencia materia de revisión haya versado respecto de la nulidad de una resolución emitida por una autoridad en materia agraria, debiendo entender por autoridad a una de carácter administrativo y no jurisdiccional; y por resolución a todo acto emitido por dicha autoridad, que tenga como resultado  la creación, modificación o extinción de un derecho ejidal o comunal. Es importante advertir al lector que las Asambleas Generales de los núcleos tanto ejidales como comunales, así como sus órganos de representación, no son considerados por la Ley Agraria como autoridades en la materia.

Continuando con la secuela procedimental de un recurso de revisión, cabe destacar que una vez que el Magistrado de Primer Grado, da cuenta con el escrito de agravios, notificará a las partes contrarias, dándoles vista por un plazo de cinco días a fin de que hagan valer lo que a sus intereses convenga; una vez que el término llega a su fin, haya o no sido desahogada la vista, el A quo, remitirá los autos originales del juicio agrario natural así como el escrito de agravios al Tribunal Superior.

Una vez recibido el escrito de agravios y los autos originales, el Tribunal Superior Agrario, dicta un auto de radicación, suscrito por el Magistrado Presidente y el Secretario de Acuerdos, asignándole un número de recurso, integrado por tres cifras antepuestas por las iniciales R.R. seguidas de un número ordinal consecutivo según la entrada de asuntos, posteriormente una diagonal, el año en que fue radicado, un guión y el número de Distrito correspondiente al Tribunal Unitario que conoció del asunto en primera instancia.

Es importante precisar que el recurso de revisión, no tiene previsto desahogo en su secuela procedimental, muchas veces los justiciables proveen intentando presentar pruebas o ahondar en alegatos. El objeto del medio de impugnación, como su propio nombre lo indica, es “revisar”, de ahí que el procedimiento a seguir en el dictado de la sentencia correspondiente sea confrontar los agravios hechos valer por el recurrente, contra las consideraciones vertidas en la sentencia combatida. A mayor abundamiento cabe destacar que los agravios deben ser formulados de manera clara y combatiendo los razonamientos y fundamentos del fallo recurrido.

El recurso de revisión puede ser resuelto de dos formas: improcedente o procedente. La improcedencia del recurso puede darse si no ha sido presentado en tiempo y forma, o si la sentencia de primer grado no versó respecto de alguno de los supuesto contemplados por el artículo 198 de la Ley Agraria, como quedó evidenciado en párrafos anteriores.

En consecuencia, si un recurso de revisión cumple con los requisitos de procedibilidad a los que hemos hecho referencia en este texto, lo conducente es estudiar los agravios hechos valer por el revisionista. En este caso de su análisis pueden deducirse dos distintas hipótesis:

1.- Que los agravios son infundados, inoperantes y/o inatendibles, lo que llevará a confirmar la sentencia de primer grado; o

2.- Que los agravios resultan fundados, lo que tendrá como consecuencia que se revoque el fallo combatido, existiendo tres diferentes supuestos:

El primero de ellos es el reenvío del asunto al tribunal de primer grado a fin de subsanar errores en el procedimiento o ejercer la facultad conferida por el artículo 189 de la Ley Agraria, a fin de que se allegue de los elementos de juicio necesarios y suficientes para resolver el asunto a verdad sabida y buena fe guardada.

El segundo supuesto es modificar el fallo materia de revisión a fin de corregir el mismo en cuestiones que no inciden en el fondo pero si en la forma de lo resuelto por el A quo.

Y como tercer hipótesis el Ad Quem, conforme a lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley Agraria, al contar con los elementos de juicio necesarios y suficientes para conocer el asunto sometido por las partes en el juicio agrario natural, asuma jurisdicción y resuelva en definitiva.

Una vez que el revisionista es notificado de la resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario, dentro del recurso de revisión, esté podrá combatirla a través del juicio de amparo directo, lo cual nos hace, por lo que se refiere a este tema, llegar a la “Z” de nuestra reflexión.

3 Respuestas

  1. Mariel González
    Mariel González 28/09/2013 at 10:29 AM |

    Sin duda un artículo de mucho interés y a mi punto de vista ayuda a entender como llevar un procedimiento limpio en cuanto al recurso de revisión, también nos da a saber cuando procede y cuando es mejor interponer el juicio de amparo directo.
    La felicito Licenciada, excelente trabajo.

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  2. Gerardo Porteny
    Gerardo Porteny 05/09/2013 at 11:09 PM |

    Excelente trabajo Maestra,

    Pero me queda una duda, no sería más fácil antes de usar el recurso de revisión usar el de amparo directo? O es necesario agotar el de revisión para amparar? O simplemente recomienda usar primero el de revisión y luego en su caso el de amparo ya que por las razones de temporalidad del primero tendrías una instancia adicional a diferencia de si ampararías directamente como primer paso?

    Gracias.

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  3. rafael illescas montero
    rafael illescas montero 28/08/2013 at 9:34 PM |

    Excelente trabajo de síntesis en materia procesal agraria, y es cierto habemos una minoría de abogados que desconocemos esa materia, muy apesar de la importancia que nos impone la necesidad que exige la cantidad de terreno comunal y ejidal que existe en nuestro país y los conflictos que se derivan en ese rubro; gracias por su profesional trabajo, es un gusto leerlo en tan sencilla y elocuente redacción.

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